Por Juan Camilo Ortega – Medellín Imparable
En el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque por la Reforma Tributaria, la intervención del exsenador Álvaro Uribe a través de su cuenta en twitter, fue interpretada por los ciudadanos como una incitación a la violencia, a irrespetar normas constitucionales y a proveerle facultades a la fuerza pública con el uso de armas en contra de los civiles.
Burlarse de las instituciones no solo es poner de manera pintoresca en ridículo algunas reacciones, formas de actuar de la fuerza pública o de sus miembros, también lo es incitarlas al uso desmedido de las armas en contra del pueblo cuando el motivo dentro del lineamiento constitucional no es suficiente para atacar a los ciudadanos porque un arma les da poder, ignorando así la carta magna para cuidar -lo que a juicio propio- es el imaginario de equilibrio ciudadano según el uribismo; pues el pueblo pierde respeto por la fuerza pública, que, finalmente es a quienes acudimos al momento de necesitar seguridad, apoyo y protección, lo que deriva en que estas instituciones no le hagan honor a la constitución, al uniforme y al país.
El uso excesivo de la fuerza y los abusos de los uniformados se han instalado con fuerza en el debate público en Colombia desde la oleada de manifestaciones contra el Gobierno de Duque a finales de 2019, antes de la irrupción de la pandemia. El pasado septiembre, el homicidio de un estudiante de derecho bajo custodia policial por parte de dos patrulleros detonó dos caóticas jornadas de protestas, disturbios y represión policial que se saldaron con la muerte de 13 civiles en Bogotá.
La imagen de las fuerzas de seguridad se ha resquebrajado en medio del clamor por reformas en la formación de policías y militares, y las denuncias de abusos han sido frecuentes aún en medio de las medidas de confinamiento, lo que conlleva a la pérdida de creencia en nuestra fuerza pública.
Tras estas circunstancias que debilitan más la ya aporreada imagen de las fuerzas de seguridad del estado, se le suma la incitación personal de un líder reconocido en el país por sus posturas guerreristas y de saboteo a las instituciones, Álvaro Uribe, quien fue presidente y gozaba de una alta popularidad durante sus dos mandatos (2002-2010), y su aceptación superaba el 70%, ha visto cómo se desploman sus números en las encuestas, la pérdida de poder e influencia nacional, lo han llevado a proponer temas álgidos y reacciones irresponsables frente a la administración estatal, tanto que, cerca de dos tercios de los encuestados ahora lo rechazan en los estudios de opinión. Tal vez esa misma pérdida de poder, es el motivo mayor para reaccionar de manera irracional e incendiaria frente a contextos sensibles para el país.
En cerca de tres años con Iván Duque en el poder, el palpable malestar social se ha traducido en una amalgama de reclamos que incluyen el incesante asesinato de líderes sociales, la lenta implementación de los acuerdos de paz o las medidas económicas propuestas por el ministro de hacienda, que parece desconocer el contexto nacional y su impopular reforma tributaria, ésta cuenta cada vez con menos apoyos políticos y sociales debido a la afectación del bolsillo de la clase media y los menos favorecidos.
El proyecto, que el ejecutivo se ha mostrado dispuesto a reformular, ha desatado críticas de todos los sectores y ha derivado en protestas sociales de grandes proporciones que tienen al país sumido en caos social sin precedentes.
Tras 4 días de intensos enfrentamientos entre gobierno y ciudadanos en todo el territorio nacional, la agenda política ha pasado de trabajar en la mitigación de la crisis que vive Colombia por la pandemia del covid-19, a tener que dirigir un país descontento, una sociedad cansada de abusos por parte del gobierno, olvido y desconocimiento de la realidad colombiana; esperemos que esta coyuntura se arregle con ideas propositivas, con escuchar las voces de quienes viven la realidad del país, con propuestas de unión y entendimiento para no dejar que el caos se convierta en desastre.
