Juan Pablo Diaz Granados, fue nombrado Alcalde Ad Hoc para vigilar la aplicación de todas las medidas de protección contra el COVID en el proceso de revocatoria del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que ha sido impulsado por sectores uribistas extremos en Medellín y que seguramente es financiado con dineros de grandes empresarios interesados en recuperar el poder económico que les han quitado desde el inicio de la administración actual.
Problemas con la desviación de recursos públicos, mal manejo y realización de contratos sin los requisitos legales, mal manejo de las finanzas de Santa Marta y hasta vínculos cercanos con políticos condenados por parapolítica, hacen parte del expediente del ahora Alcalde Ad Hoc de Medellín para la revocatoria. Desde el equipo de investigación encontramos algunos de ellos.
Contratos por 16.000 millones de pesos, sin soportes suficientes, en la Secretaría de Salud de Santa Marta
En 2017 el señor Diaz Granados fue llamado a indagatoria por un fiscal del grupo de trabajo sobre la salud, pues encontró méritos para investigar al ahora Alcalde Ad Hoc por los delitos de de prevaricato por acción y peculado por acción, pues no se encontraron, en ese momento, soportes de gastos por 16.000 millones de pesos en contratos de la Secretaria de Salud de Santa Marta entre 2008 y 2012 cuando fue alcalde.
“La firma de los acuerdos no estuvieron precedidos por la verificación de la existencia de facturas de los procesos” asegura el llamado judicial. es decir, en sus funciones no asumió el control necesario sobre los contratos. Además en esta investigación también resultaron vinculadas Marina Guerra de La Espriella (hermana de la precandidata presidencial por el Centro Democrático María del Rosario), ex secretaria de Hacienda y a María García Velásquez, exsecretaria de Salud.
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Juan Pablo Diaz Granados estuvo inmerso en investigaciones por irregularidades en Metroagua e Inessa, un escándalo multinacional
También en 2017 la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por las irregularidades en la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado en Santa Marta bajo contrato con la firma española Inassa a través de la empresa Metroagua. En Metroagua, la composición accionaria es: Inassa (35%), el Distrito de Santa Marta (28%) y Termotécnicas y Eléctricas de Medellín (33%).
Metroagua tuvo la operación del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta hasta el día lunes 17 de abril del 2017 pero el contrato hab´ria sido firmado durante la administración de Juan Pablo Diaz Granados, lo cual podría implicarlo en irregularidades por cerca de 28.000 millones de pesos.
Según la citación a la lectura de otro de los fallos de la Procuraduría contra Diaz Granados señaló que «Díaz Granados Pinedo es investigado por el presunto incumplimiento de las coberturas establecidas en la ley y el reglamento, del porcentaje máximo de inversión en proyectos prioritarios; por destinación indebida recursos de regalías y compensaciones, y por ejecutar recursos de regalías y compensaciones con destinación diferente a la permitida en el año 2008.»
La mala adminiistración de los recursos de las empresas de servicios públicos de Santa Marta también fue una característica de paso por Santa Marta
La Alcaldía de Diazgrandados en Santa Marta tampoco se caracterizó por una buena gestión en la prestación de los servicios públicos, pues además de estar involucrada en el escándalo de Inassa, un informe de la Super Intendencia de Servicios Públicos que analizó los 3 últimos años de la administración de ese alcalde, la empresa de servicios públicos pasó de tener ingresos operacionales del 11.33% al 0.7% a finales de 2011.
Igualmente el informe señala que las utilidades netas tuvieron una disminución cercana a los 9 mil millones de pesos año tras año. «lo cual representa variaciones de -2% del 2011 respecto al 2010 y del -4% del 2012 respecto al 2011» señala el informe.
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Juan Pablo Diaz Granados fue secretario de hacienda de Trino Luna, primer condenado por parapolítica del país
Díaz Granados fue secretario de hacienda del exgobernador Trino Luna. el primer funcionario público condenado por parapolítica y el primero en implementar la conocida táctica de renunciar al fuero de funcionario para sacar el cuerpo al escrutinio de la Corte Suprema de Justicia.
A Luna un juez de Bogotá lo condenó a tres años y ocho meses de prisión y a una multa de 4.300 millones de pesos por sus vínculos con Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo, ex jefes paramilitares, que amenazaron a los otros candidatos a la gobernación del Magdalena en las elecciones de 2003, cuando Luna, del Partido Liberal, sacó 237 mil votos, el 81 por ciento del total, siendo el único candidato a la contienda.
Con estos escándalos, el nombramiento de Juan Pablo Diaz Granados como Alcalde Ad Hoc para vigilar el proceso de la revocatoria en Medellín, queda, por lo menos, viciado de sospecha y tendrá que darse una vigilancia ciudadana muy cerrada, no solamente a los movimientos pro revocatoria, sino a las autoridades que deberían ejercer la vigilancia del proceso.
Por si fuera poco, ha sido una de las personas cercanas a Alvaro Uribe y al uribismo en la costa caribe y en varias regiones del país, también ha sido funcionario de los gobiernos uribistas y seguramente representa los intereses del gobierno frente a la revocatoria.
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