El pasado 7 de Junio, Yesenia Bedoya, líder de uno de los Comités por la revocatoria anunció que presentarían queja formal y solicitud de medida cautelar a la CIDH por las presuntas violaciones de DDHH contra los integrantes de dicho comité y esperaba que en el informe de la visita de trabajo del mismo mes de junio, se hiciera referencia a su demanda.
Sin embargo, luego de analizar el informe minuciosamente, este equipo periodístico encontró que la CIDH no se refirió a las supuestas violaciones de DDHH, pues no se identifica que el trabajo de esa entidad internacional esté relacionado con intereses políticos como los que representa la revocatoria que pretenden adelantar en Medellín.
Además, la abogada parece no conocer el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH, pues para cualquier abogado con conocimientos mínimos en Derecho Internacional sabe que una visita de trabajo hace referencia a temas específicos, en este caso la CIDH estaba recibiendo testimonios sobre hechos relacionados con el Paro Nacional.
Al contrario de lo esperado, una de las cosas a resaltar del informe es que la ciudad de Medellín se caracterizó por ser una con el menor flujo de denuncias por violaciones de DDHH. Situación que puede ser el resultado de la política de respeto promovida por la administración distrital, a diferencia de lo encontrado por la Comisión Interamericana en ciudades como Bogotá y Cali.
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Para actuar ante organismos de DDHH internacionales como la CIDH es necesaria una argumentación contundente y no solamente discursiva
Además queda demostrado que los organismos de justicia, más allá de razones discursivas, necesita pruebas y contundencia en lo que se asegure, de lo contrario, las pretensiones siempre serán infructuosas.
La política de protección y respeto de los Derechos Humanos en Medellín ha estado marcada por la acción directa de la administración municipal a través de las diversas secretarías, entre ellas la Secretaría de la No violencia con especial relevancia, que han estado encargadas de encabezar las movilizaciones para evitar una violación del derecho a la protesta pacífica, al mismo tiempo que priorizar el diálogo con las autoridades antes que la represión.
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