En esta entrega traemos a uno de los Clanes tradicionales de Antioquia. Se trata de la familia Guerra Hoyos que tiene como una de las cabezas principales al exconcejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra y su hermano, el diputado de Antioquia Andrés Guerra Hoyos, ambos opositores directos del actual alcalde de Medellín y promotores de su revocatoria… pero, ¿por qué se empeñan en ese propósito?
Pues bien, el ex concejal, tenía una estructura de contratación en la que él y su familia eran los directos beneficiados de más de 20 contratos irregulares, aun cuando la ley 617 en el artículo 49 señala que “los parientes de los concejales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no pueden contratar con el respectivo municipio ni con las entidades descentralizadas” con el agravante además que la bandera que utilizó Bernardo Alejandro Guerra para hacerse elegir fue la de “Cero Corrupción”, algo que a todas luces incumplió.
La cereza del pastel fue que, en 2019 el Tribunal Administrativo de Antioquia le decretó la pérdida de investidura a Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por sobrepasar los topes de financiación de campaña en 2015 y además, por incurrir en la vulneración del régimen de conflicto de intereses. Y aunque apeló y ganó en segunda instancia, lo que no ganó fueron las elecciones y se quemó en su aspiración al Concejo, después de tres períodos.
Sin embargo, para entender el entramado de corrupción que rodea a la familia es importante entender quiénes son. Empecemos hablando del papá, Bernardo Guerra Serna, el cacique que se adueñó del partido Liberal en Antioquia con la consigna de servir al departamento.
Guerra Serna se vio salpicado en escándalos como la supuesta amenaza de muerte a un periodista, también causó revuelo al proponer el diálogo entre Gobierno y narcotraficantes por lo que EE.UU. le negó la visa. Además, en 1991 debió explicarle al país el esquema de financiamiento del Directorio Liberal que presidía, por medio de descuentos voluntarios por nómina a funcionarios del Seguro Social. Y como si fuera poco, Guerra no votó la retroactividad de los proyectos de extradición y de extinción de dominio (en ambas votaciones se ausentó).
En 1985, cuando Álvaro Uribe Vélez pertenecía al partido Liberal, cuestionó la manera en que Guerra Serna llevaba las banderas rojas, años más tarde uno de sus hijos, Andrés, fue el que recibió la bendición del Uribismo para aspirar a la Gobernación. Bernardo Guerra también, se describió a sí mismo en 1995 como un “cacique y clientelista”, de lo cual se sentía orgulloso.
Ahora bien, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el heredero del aval liberal, fue Diputado de Antioquia, Senador de la República y Concejal de Medellín desde el 2008 hasta el 2019, y no es que haya decidido dejar de vivir del Estado – porque para la familia Guerra Hoyos eso es deporte olímpico-, simplemente él y su hermano Andrés Guerra se quemaron en sus aspiraciones al Concejo de Medellín y la Gobernación de Antioquia, respectivamente. Hoy Andrés es diputado, gracias al acuerdo de paz.
Bernardo Alejandro, el supuesto encargado de destapar los escándalos de corrupción y de hablar de clínicas de garaje en la que se cometen hechos irregulares, es simplemente una persona con el faro de la moral muy alto, pero lejano de sus estándares de ética, pues además su exesposa lo denunció en la Fiscalía por violencia intrafamiliar. Este medio pudo establecer que, llegaron a un acuerdo por 200 millones y la señora Yomara no volvió a referirse al tema.
¿Cómo funcionaba el entramado de corrupción?
En la declaratoria de intereses que el concejal firmó al momento de su posesión, indicó que Federico Guerra Hoyos, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Fanny Guerra Gómez y Juan José Guerra Hoyos son sus hermanos, lo que indica un vínculo en segundo grado de consanguinidad. Además, su hermano Andrés está casado con María Clara Arroyave del Río, por lo que se encuentran emparentados en segundo grado de afinidad. Y es aquí donde comienza lo delicado, pues utilizaron recursos del municipio para lucrarse e incluso financiar la campaña de Andrés Felipe a la Gobernación de Antioquia.
Dato no menor: su esposa y su hija también se vieron beneficiadas con contratos públicos, pero de eso hablaremos más tarde, porque también está lleno de irregularidades.
Ahora sí, los contratos celebrados en el «emprendimiento» familiar…
Andrés Guerra y Sembremos País: la fundación sin ánimo de lucro, pero con ánimo político de propiedad del excandidato a la Gobernación y actual diputado, celebró a través de Telemedellín 6 contratos entre 2016 y 2018, por valor total de $125.5000.000, tiempo en que Bernardo Alejandro fue concejal de Medellín:
– Contratos de prestación de servicios 0613-16, por valor de $2.500.000, 0670-16, por $4.500.000, 0861-16, por $9.000.000, 0195-17, por valor de $17.000.000, 398-17, por valor de $40.000.000, 0131-2018, por 35.000.000, y fue adicionado en $17.500.000.
Por otra parte, también suscribió contratos a través de la Contraloría de Medellín, con la particularidad que en 2017, cuándo se ejecutaron, Bernardo Alejandro Guerra era concejal y Patricia Bonilla Sandoval, fue elegida por el concejo Municipal de Medellín, Guerra participó en su elección y votó por ella a pesar de violar la ley por el parentesco.
El contrato fue realizado para que en la emisora Ondas de la Montaña, de propiedad de Federico Guerra Hoyos, se hiciera difusión de pauta pedagógica institucional en el programa Sembremos País de Andrés Guerra Hoyos, por valor de $7.000.000, según orden 75 del 18 de mayo de 2017.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, el Concejo de Medellín también contrató con la Fundación Sembremos País la emisión de pauta publicitaria entre 2017 y 2018, para lo que se suscribió:
– Contrato 4600072111, de 19 de septiembre de 2017, entre el Concejo de Medellín y la Fundación Sembremos País, de pauta publicitaria, por valor de $2.000.000.
– Contrato 4600074632, de 25 de enero de 2018, entre el Concejo de Medellín y la Fundación Sembremos País, de pauta publicitaria por valor de $3.000.000.
La esposa de Andrés Guerra Hoyos, María Clara Arroyave del Río, celebró a través de convenios interadministrativos con el ITM el contrato P-3423 de 2018 por $30.437.582, para presentarle servicios personales a la Secretaría de Juventud y con el Pascual Bravo el contrato 1198 de 2018, por valor de $26.566.025, más una adición de $2.043.540, con el mismo objeto a la Secretaría de Juventud.
Otra particularidad de la contratación que enreda a los Guerra Hoyos, se dio a través del señor, John Wilson Carvajal Ruiz, quien ha sido su asistente, secretario general, director ejecutivo y representante legal de la Fundación Sembremos País, y quién también suscribió contratación pública cuando Andrés Felipe fue diputado, a través del contrato de prestación de servicios 017 de 2014 para trabajar en la unidad de apoyo administrativo del diputado Andrés Guerra Hoyos.
En el 2015 y 2016, el Concejo de Medellín contrató al señor Carvajal Ruiz, según los contratos 4600058774 de 2015 y 4600063716 de 2016, para prestar sus servicios de apoyo administrativo de la unidad del concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
Se trata de contratos ilegales puesto que en el objeto social de la fundación no está la de prestar servicio de pauta publicitaria, ni la de contratar con entidades públicas este servicio. Una fundación de estas características no puede ser la que emita la pauta publicitaria de entidades públicas.
Federico Guerra y Ondas de la Montaña: el dueño y representante legal de la emisora (al menos en la época en que Bernardo Alejandro fue concejal de Medellín) también suscribió contratos con Telemedellín. En total fueron 8 contratos entre 2016 y 2018 por un valor de $242.475.000:
-Contratos de prestación de servicios 0146-16, por valor de $600.000, 0292-16, por $5.000.000, 0623-16 por valor de $7.200.000, 0743-16 por $34.000.000, 0291-2017 por valor de 30.000.000 y una adición de $15.000.000, 562-2017 por $25.000.000, 742-2017 por $16.125.000 y adicionado en $7.750.000, y 135-2018 por valor de $82.400.000, con adición de $8.400.000.
Además el señor Federico también suscribió contratos por $13.500.000, a través de la Contraloría que, como dijimos, más adelante tuvo la ayuda de Bernardo Alejandro como Concejal:
- Orden 139 de 2016, por valor de $4.500.000 y 092 de 2017 por $9.000.000.
Fanny Patricia Guerra y Viva la Vida: la media hermana del ex Concejal pautó para Telemedellín en el programa radial Viva la Vida que se emitía por la emisora Ondas de la Montaña, que recordemos, es de propiedad de su otro medio hermano Federico Guerra. En total, fueron 3 contratos entre 2017 y 2018, por valor de $17.747.550.
-Contratos 0140-2017, por $6.000.000, 0406-2018 por un valor de $4.700.000 mil de y una adición por $2.350.000 y 0020-2018 por valor de $3.237.570 con dos adiciones por $920.380 y $539.600.
Juan José Guerra y COASSIST LTDA
Juan José Guerra y COASSIST LTDA: la empresa en la que el hermano de Bernardo Alejandro funge como representante legal tiene contratada desde 1999 con Empresas Públicas de Medellín -EPM- una prima de servicios por un seguro que ampara el no pago de la factura de los servicios públicos domiciliarios que presta EPM y que desde el 1 de enero de 2008, fecha en que se posesionó el ex concejal Bernardo Alejandro Guerra, debió cesar pues se presentaba una inhabilidad, porque para ese entonces era una empresa con dos socios donde uno tenía parentesco con el concejal, es decir que a 2019 cuándo él estuvo en el Concejo se cumplieron doce años de un contrato con inhabilidades, pues recordemos que para el 2020 el ex concejal se quemó y no alcanzó curul.
Lo anterior es solo la contratación de los hermanos, pues su hija también se vio beneficiada por las conexiones de su padre. Alejandra Guerra Lotero, fue contratista del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en la Subdirección de Planeación Integral, con el agravante que el pago de esos contratos sale de recursos ambientales, los mismos que desde el concejo, lideró y ayudó a su trámite siendo corporado Bernardo Alejandro Guerra. Además, su hija era una de las víctimas de CDO por el desplome del edificio Space y su padre lideró en el recinto una exención tributaria para los afectados.
Y aunque negó en un debate del Concejo que su esposa, Martha Lucía Munera, ocupará cargos en el sector público, se pudo establecer que suscribió un contrato a través del Tecnológico de Antioquia en el que manejaba la contratación de Infraestructura del departamento, por cifras millonarias.
BONUS: A raíz de investigaciones que se realizaron, del ruido que se generó en prensa y de la intención de Andrés Guerra de ser el que decía Uribe a la Gobernación de Antioquia, se realizaron unos movimientos en las representaciones legales y sobre las propiedades de la Fundación Sembremos País y la Emisora Ondas de la Montaña. Sin embargo, algunos contratos se suscribieron con la inhabilidad anteriormente mencionada y además, es de público conocimiento que ellos son los dueños.
Estos son algunos de los contratos que vinculan al ex concejal de Medellín, quien desde su posición en el recinto movió los hilos para beneficiar a varios miembros de su familia. Además, lo paradójico de su discurso de moral y lucha contra la corrupción es que hoy en día, después de años de ver y participar de la repartición de burocracia y contratos se autodenomina salvador de Medellín, cuando lo que quiere es recuperar la posibilidad de lucrarse del erario público.
