Como si se tratara de calcar la experiencia de Luis Alfredo Ramos que demoró casi 10 años la sentencia de la que no tenía salvación por sus nexos con el paramilitarismo, Maria Eugenia Ramos Villa, ex funcionaria de Fajardo e imputada, pidió que se recusara al Contralor y a toda la sala que debe definir en segunda instancia, el fallo por responsabilidad fiscal en el desfalco de Hidroituango. Es decir, Fajardo en cuerpo ajeno quiere dilatar.
Este jueves se reveló un documento en el que, con pocos argumentos, la señora Ramos Villa, – también ex secretaria de Fajardo y quien tendría parte de la responsabilidad por ser parte del gobierno de desfalcó a Hidroituango – plantea que ninguno de los funcionarios que debe tomar las decisiones está a la altura pues ya tendrían tomada una decisión.
Así mismo Luis Alfredo Ramos quiso evitar la justicia y logró hacerlo durante 10 años, hasta que la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia condenatoria. Quería lograr que los magistrados que lo juzgaran fueran más favorables a sus intereses, pero no lo logró pues las instituciones que deben vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos están facultadas para sancionar como es debido.
Hasta el momento, no hay una definición del procedimiento a seguir, puesto que es el congreso el que debe postular un contralor Ad Hoc, en caso que de que acepten los requerimientos de los responsables a través de la ex funcionaria fajardista, que entre otras cosas también haría parte de la oficina de Daniel Carvalho.
Fajardo también quiso dilatar el proceso interrumpiendo
Además, Sergio Fajardo, haciendo uso de estrategias uribistas, aseguró que le estaban violando el derecho a la defensa y quiso interrumpir el proceso como si de Uribe mismo se tratara, que intenta saltarse las reglas y que intenta cambiar las normas establecidas para favorecerse. Mejor dicho, si Fajardo le pudiera huir a la Contraloría para buscar otra instancia de juzgamiento más favorable, ya lo habría hecho.
Estas maniobras se suman a las aplicadas por la empresa dirigente del diario El Colombiano, Conconcreto, que se declaró prácticamente en bancarrota porque en el futuro tendrá que pagar lo que le debe a los ciudadanos por desfalcar a Hidroituango.
Por ahora una recusación de este tipo debe ser resuelta en la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, pero para ello habrá demoras ya que se trata de una solicitud insólita por cuanto el fallo no está en firme y no se tiene registro de que una particular recuse a un ente de control. Sin embargo la justicia cojea, pero llega, como dice el refrán.
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