Después del resultado de las elecciones de alcalde de Medellín que dio como ganador a Daniel Quintero, primer alcalde independiente y no al uribista Alfredo Ramos, iniciaron a sonar especulaciones sobre una presunta revocatoria por parte del Centro Democrático, sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido posible revocar al mandatario.
Una de las principales inconsistencias y escándalos fue a través de un audio revelado, en el que los promotores de la revocatoria pagaban para recoger las firmas necesarias. Uno de los voceros es Andrés Rodriguez, más conocido con el alias de “El Gury”, en el que explicaba a un medio nacional que supuestamente “tenían voluntariados”, sin embargo, en el audio una señora dice que “están trabajando porque tienen un compromiso con sus familiares” y es a cambio de dinero.
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Otro de los escándalos fue que muchas de las firmas fueron alteradas, personas fueron suplantadas y hubo firmas falsificadas. Estas irregularidades, que pueden ser tipificadas como delitos, ya están en manos de las autoridades y se espera que en los próximos días se presenten avances en la Fiscalía.
Por este tema, cientos de usuarios en redes sociales manifestaron que aparecían en el listado sin haberlo hecho e iniciaron las respectivas denuncias contra este grupo uribista que en el momento estaban celebrando la revocatoria.
En ese instante fueron anuladas alrededor de 160 mil firmas por las irregularidades en el proceso de recolección de firmas, pues más de 69 firmas no estaban en el censo electoral, es decir, pudieron ser inventadas para intentar presentar una cifra mayor.
Asimismo, la Registraduría encontró que cerca de 3.000 registros fueron completados por personas diferentes y 14.000 registros fueron escritos por las mismas personas, anexando un nuevo delito.
Ante estas irregularidades, el mandatario interpuso ante el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, un recurso de tutela contra la Registraduría del Estado Civil con la intención de reclamar por las afectaciones a la libre participación del ejercicio político, el buen nombre y afectaciones de ciudadanos.
Para el 18 de enero del 2022, el CNE suspendió el proceso de revocatoria, por encontrar irregularidades en el financiamiento de la campaña de los 5 comités qué se unieron para este proceso, pues violaron el tope de financiación de la campaña que habría usado cerca de 1500 millones de pesos para la recolección de las firmas lo cual constituye una violación al código electoral.
El hecho se dio, luego de que Alejandro Posada Jaramillo, miembro de uno de los comités de la revocatoria, informó que la revocatoria costaba 1500 millones de pesos y que además se habría contratado la firma del abogado Abelardo de la Espriella.
Además, el 24 de enero Daniel Quintero, reveló a través de Twitter un audio del concejal del Centro Democrático y promotor de la revocatoria, Julio González Villa en donde reunido con unos empresarios, en donde le está pidiendo 110 millones de pesos adicionales, para un total de $220 millones de pesos para la recolección de firmas.
Adicionalmente, en el audio se escucha a González admitir que hay una financiación irregular y una triangulación de las donaciones a este suceso y que el Comité creó una corporación paralela sin ánimo de lucro, para captar estos recursos y de manera ilegal adicionarlos a la iniciativa sin registrarlos correctamente en los estados contables.
Para el 25 de enero, Quintero aparece nuevamente en sus redes mostrando que Andrés Rodriguez, alias “El Gury”; invitó a un grupo de empresarios a que ofrezcan dádivas o incentivos a sus empleados por llenar planillas para la revocatoria del mandato del mandatario de la ciudad de Medellín.
Con este abanico de delitos e irregularidades el Consejo Nacional Electoral no podría certificar las cuentas y por el contrario tendría que enviar copia a las autoridades competentes para que investigue y judicialice a los integrantes de los comités de la revocatoria.
